La respuesta es sí. La Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 22) y el Reglamento Comunitario 2201/2013 del Consejo de la Unión Europea (artículo 3), establecen la competencia de los tribunales españoles para conocer de los procedimientos de nulidad, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España en el momento de interponer la demanda.

Cuestión distinta es que el matrimonio no se encuentre inscrito en el Registro Civil Central, pero no puede exigirse su inscripción previa en dicho registro para admitir a trámite la demanda, puesto que la inscripción no es un requisito constitutivo del matrimonio, sólo tendrá trascendencia la falta de inscripción del matrimonio, al efecto que no podrá inscribirse de oficio la sentencia en el Registro Civil Central. La demanda debe admitirse a trámite y seguir su curso procesal hasta dictarse sentencia, la cual gozará de efectividad, puesto que podrá solicitarse su posterior exequatur (eficacia extraterritorial de la sentencia, mediante distintos instrumentos de derecho internacional privado, que garantizan la coexistencia y cooperación entre distintos ordenamientos jurídicos).

Por todo lo señalado, para la admisión a trámite de la demanda, tan sólo debe acreditarse el matrimonio, bastando para ello la certificación registral expedida por la autoridad competente del país en donde se contrajo el matrimonio, siempre que la misma reúna los siguientes requisitos:

  1. Se considerarán documentos públicos, los documentos extranjeros a los que, en virtud de tratados o convenios internacionales o leyes especiales, se le haya de atribuir fuerza probatoria conforme al artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  2. Si no es aplicable ningún tratado o convenio internacional ni ley especial, se considerarán documentos públicos los siguientes:
    • Que, en el otorgamiento o confección del documento se hayan observado los requisitos que se exijan en el país donde se haya otorgado para que el documento haga prueba plena en juicio.
    • Que el documento contenga la legalización o apostilla y los demás requisitos necesarios para su autenticidad en España.
  3. Cuando los documentos extranjeros, a los que se refieren el apartado 1 y 2 mencionado, incorporen declaraciones de voluntad, teniéndose estas declaraciones por probadas, siendo su eficacia la que determinen las normas españolas y extranjeras aplicables en materia de capacidad, objeto y forma de los negocios jurídicos.

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